Cuando
a mediados de 2011, Bernardo Grobocopatel decidió fundar Agropecuario
Argentino de Carlos Casares, equipo que milita en el Torneo Argentino B, la
sojización llevaba más de tres décadas solidificándose en nuestro suelo. En este
artículo periodístico deportivo será la institución futbolística, creada por un
integrante de la tercera generación de los Grobocopatel, la que nos impulsará a
desarrollar las consecuencias del modelo sojero en la República Argentina.
El
periodista y escritor santafesino Jorge Cadús cuenta en su libro “Tiempo ayer
ceniza” que comenzó a gestarse a través del Proceso de Reorganización Nacional
que establecía una clara política hacia el campo: la expansión de los cultivos
quedaría determinada por “su capacidad de competir en el mercado mundial”.
Esa política económica
impuesta por el gobierno militar más genocida que tuvo nuestro país le
posibilitó tres décadas después a Gustavo
Grobocopatel, primo de Bernardo y líder del Grupo Los Grobo, transformarse en
el Rey de la Soja. Fue el inicio del
proceso que tiempo después se denominaría el boom sojero.
En
1976, la empresa norteamericana Cargill construyó una planta de procesado de
soja en Puerto General San Martín, sobre el río Paraná. Las obras de la
multinacional fueron parte de ese proyecto económico que tenía como objetivo
transformar a Latinoamérica en una cuenca sojera. La planta, que fue ampliada
veinte años después, en plena etapa menemista, es hoy es una de las más grandes
del mundo.
Los
crueles números son los encargados de manifestar el logro obtenido para unos
pocos y el despojo a unos cuantos: 4.000 propietarios poseen 74,3
millones de hectáreas agropecuarias de las 170 millones del país, el 1,3% de
los dueños de tierras poseen el 43% del total de tierras del país y más de 16
millones de hectáreas argentinas están en manos extranjeras.
“El
boom sojero es el Mundial 78 de la Argentina del nuevo milenio”, dice Cadús y
citando a Otto Solbrigh, biólogo argentino que trabaja en el Centro David
Rockefeller de la Universidad de Harvard, dijo “si Chicago fue durante años la
principal referencia teórica de economistas y empresarios neoliberales, entre
los productores más importantes del campo la línea baja ahora en Harvard”. Y
agregó: “De los Chicago Boys a los porotos Harvard. De Domingo Cavallo a
Gustavo Grobocopatel. De la tablita de Martínez de Hoz a la pizarra de
cotizaciones”.
La
usurpación y el desalojo de territorios en el norte del país para provocar el
impulso sojero también comenzaron a producirse en la época de los militares. A
principios de 1978, el general Leopoldo Fortunato Galtieri privatizó cuatro
millones de hectáreas de tierras fiscales en Chaco. Tierras boscosas que
“esperan ser conquistadas para convertirse en tierra fértil, productiva y
habitable. Sus conquistadores deberán emplear armas distintas, las de antaño
serán reemplazadas por topadoras, arados y alambrados”, justificaba una
solicitada de la intervención militar que gobernaba la provincia chaqueña.
Pero cuenta el
imprescindible periodista Darío Aranda que la profundización del avance sojero
sobre el territorio argentino se produjo en marzo de 1996, cuando el gobierno
de Carlos Menem aprobó la soja transgénica con uso de glifosato. Por ese
entonces, la oleaginosa ocupaba seis millones de hectáreas. Se profundizaba el
dominio de otra multinacional norteamericana: Monsanto.
Continúa Aranda:
“Devaluación mediante, en 2003, ya abarcaba 11 millones de hectáreas. La última
campaña, el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 19,8 millones de
hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de Argentina. El Plan
Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado por la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, planifica llegar en 2020 a las 160 millones toneladas de
granos (un 60 por ciento más de la actual cosecha), con un 20 por ciento más de
soja”.
El PEA, lanzado en
septiembre de 2011, reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios
utilizando estrategias devastadoras: desmontes, mayor uso de agrotóxicos, más
conflictos territoriales y desalojos forzosos. Mientras se espera por la
aprobación de la ley que frene los desalojos campesinos (conocida como Ley
Cristian Ferreyra), el modelo del agronegocio, en apenas tres años, suma 11
víctimas fatales en el norte argentino. Es una zona liberada en donde los
empresarios, a través de sus esbirros, están fusilando a campesinos que luchan
por sus tierras. “A casi un año de su ingreso al Congreso, y con el
kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto para
frenar los desalojos campesinos”, dice Aranda.
Puede leer la nota
completa en la edición impresa de revista Contragolpe de octubre de 2012.
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